Al analizar el proyecto de Ley de Educación Vasca del Consejero Jokin Bildarratz, lo primero que llama la atención es su absoluto desprecio por los datos contrastados de la realidad. Los ignoran, actúan como si no existieran, como si el mundo se estrenara con ellos. Habría que añadir, además, que esos datos no son nuevos, que llevan décadas sobre la mesa. Pero eso les da lo mismo. Tercos en sus posiciones -los intereses y la ideología por encima de todo-, nos condenan a permanecer atrapados en el día de la marmota.
El pilar sobre el que reposa el borrador de ley es la equiparación entre los centros privados (concertados) y los públicos. La propuesta incluye dar más dinero a los colegios privados -igualarlos con los públicos- a cambio de que supriman las cuotas que deben pagar las familias para estudiar en ellos.
Veamos. La gratuidad de los centros privados con financiación pública se recogía ya en la LODE, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, que es -nada más y nada menos- de 1985. Han pasado casi cuarenta años desde que entrara en vigor. Y resulta que la tozuda realidad nos muestra que la práctica totalidad de centros privados concertados ha cobrado cuotas durante todos estos años y que las sigue cobrando en la actualidad. Según el estudio de Cicae y Ceapa1 de 2022, lo hace el 90% de los colegios. Y no son cantidades meramente simbólicas: pueden llegar hasta los 536 euros mensuales por alumno. Para hacernos una idea más ajustada sobre su cuantía habitual, recurro a las cuotas medias que se recogen en la citada investigación: 191,4 euros en Cataluña, 160,31 en el País Vasco, 119,5 en Madrid…
Jamás se ha cumplido -ni se cumple- la ley. Los colegios privados concertados siguen siendo de pago. Y además -otro dato fundamental- ni siquiera recibir más cantidad de dinero público repercute en que las cuotas sean menores. Esa suposición queda rotundamente desmentida, sin ir más lejos, por los propios datos de Euskadi: es la Comunidad con mayor financiación -4.174 euros por alumno y año, frente a la media española de 2.600, según datos del INE- y, en cambio, tiene las segundas cuotas medias más altas. Más financiación pública y mayores cuotas pueden ir de la mano.
Y lo que sí está directamente relacionado es el volumen de dinero público que reciben los centros privados y el porcentaje de alumnado que escolarizan. Ahí están los ejemplos de Euskadi o de Madrid para quien quiera analizarlos.
¿Por qué no han funcionado las previsiones de la LODE? ¿Por qué jamás se ha cumplido la Ley? Eso es lo que deberían aclararnos antes de seguir profundizando en esa vía.
Para un centro privado lo eficiente es tener las mensualidades más altas posibles sin perder matrícula. Al hacerlo obtiene un doble beneficio: por una parte, a mayores cuotas, más recursos disponibles; por otra, subiendo la barrera selectiva se asegura un alumnado de nivel social más alto, con el consiguiente prestigio que ello acarrea. Así que cada colegio privado explorará su propio nicho. No discrimina lo mismo una cuota de 30 euros mensuales que una de 536. Las diferencias sociales entre el alumnado que escolarizan unos y otros centros privados son también muy marcadas. No conviene olvidarlo.
Por supuesto que sería denunciable la inhibición de las administraciones. No hay nada socialmente más desmoralizador que ver cómo las leyes no se cumplen. O sospechar que ni siquiera se intenta hacerlas cumplir. Pero si administraciones de todos los colores han pasado de puntillas sobre este tema, es porque las familias que estudian en la privada tienen una notable capacidad de presión. Son un poder electoral. Suponen un porcentaje significativo de la población: el 30% en la media española, el 50% en Euskadi. Y se muestran firmes defensoras de un modelo que implica que cada cual tenga la escuela de mayor nivel social -no tiene por qué ser la mejor– que pueda y quiera pagarse.
Que en 1985 pudiéramos creernos que el sistema de conciertos traería la gratuidad de los centros privados acogidos al mismo tenía un pase. La credulidad estaba reforzada, además, por las fuertes movilizaciones contra la LODE de los colegios religiosos, apoyados por la derecha política, acusando a la Administración de quererlos controlar y de tratar de acabar con la libertad de enseñanza. Pero intentar calzarnos esa misma cantinela cuarenta años más tarde… ¿Nos consideran tan ingenuos? ¿Lo somos, acaso? ¿Se creen ellos mismos su discurso?
Junto a la financiación de los centros privados concertados, el otro tema alrededor del que está girando el proyecto de ley es el de los modelos lingüísticos, el euskara en el epicentro. Paso por alto las distinciones, casi metafísicas, entre lenguas vehiculares y lenguas de aprendizaje, o las disquisiciones sobre la compatibilidad del actual sistema de modelos con los nuevos currículos. Solo me gustaría recordar al Consejero que la enseñanza no se puede sustentar sobre malabarismos lingüísticos: trabajar en el aula exige una claridad absoluta sobre lo que puede y debe hacerse.
Lo sustancial de la propuesta de Bildarratz sobre los aprendizajes lingüísticos es la pretensión de que todo el alumnado vasco consiga, al acabar la escolarización obligatoria, un nivel de euskara correspondiente al B2 del Marco Común de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Y que, marcada esa meta, cada centro se busque la vida para alcanzarla. Una posición que tampoco es nueva: se lleva planteando desde los tiempos de Tontxu Campos, Consejero de Educación que -por cierto y al igual que Bildarratz- estaba directamente ligado al mundo de las ikastolas. Diecisiete años han pasado desde entonces.
Trato de aclarar el tema en pocas pinceladas: el Consejo de Europa unificó, en una normativa de 2001, la organización del aprendizaje de lenguas y la homologación de las titulaciones de idiomas en el ámbito europeo. Para ello concretó seis niveles: usuario básico (A1 y A2), usuario independiente (B1 y B2), y usuario competente (C1 y C2). El B2 sería el nivel de un usuario independiente avanzado en cualquiera de los idiomas presentes en Europa.
No se entiende bien por qué esos niveles -diseñados para unificar las titulaciones de idiomas- deberían aplicarse mecánicamente y en cifras redondas a un sistema educativo obligatorio. Pero, bueno, yendo al fondo del asunto… ¿resulta adecuada esa exigencia?
La única investigación realizada al respecto2 nos dejó datos concluyentes. Por no alargarme, señalar que dos tercios del alumnado no alcanzaba ese nivel B2 en euskara. Ciñéndonos al modelo D -en el que se imparten todas las materias en euskara-, el 42,8% suspendió la prueba. Incluso entre los alumnos de ese modelo que tienen el euskara como lengua familiar, el porcentaje de suspensos llegó al 27,4%.
Se me dirá -y con razón- que el estudio es antiguo, de 2005. ¿Los resultados serían mejores en la actualidad? Si nos centramos en quienes estudian en euskara -en modelo D-, numerosas evaluaciones más recientes nos indican que los niveles han ido empeorando progresivamente. Hay que tener en cuenta que el D se ha convertido en el modelo casi único de la enseñanza pública, por lo que recoge a todo tipo de alumnado, incluyendo parte de los sectores más desfavorecidos social y culturalmente.
En cualquier caso, lo más llamativo es el propio hecho de que no se haya realizado ninguna investigación posterior. Porque mientras tanto, durante todos estos años, ciertos sectores han seguido haciendo bandera de la exigencia del B2. Impertérritos. Una actitud que dice mucho de sus sistemas de pensamiento: si los resultados del primer estudio eran demoledores, mejor tirar para adelante cerrando los ojos. ¡Que la realidad no nos estropee un bonito deseo!
El papel lo aguanta todo. Marcar el B2 como el nivel mínimo a alcanzar por el alumnado al finalizar la ESO no tendría ninguna repercusión práctica si se quedara ahí. Lo que no sé es si vendría acompañado de otras medidas. ¿Van a dar la titulación de B2 en euskara -y en castellano- a todo el que apruebe la ESO? ¿Se van a implantar los controles externos que algunos están pidiendo? ¿Con qué función? ¿Se suspendería a los que no alcanzaran el B2? ¿A quién van a echar la culpa si se comprueba que buena parte del alumnado no lo consigue?
El sistema educativo en Euskadi tiene un inmenso punto negro: la segregación escolar.
Según un estudio de Save the Children y EsadeEcPol, España ocupa el tercer lugar en el ranking de separación en centros diferentes de los estudiantes de primaria en función de su renta familiar, una investigación que abarcó 64 países de todo el mundo. Tan solo Turquía y Lituania presentaron mayor nivel de desigualdad. Y, a su vez, el sistema escolar vasco es el más segregado de entre los de todas las comunidades autónomas. Ocuparía el primer lugar en segregación por origen y el segundo por nivel social. Así que estamos en la punta de la punta. De récord, vamos. Una estructura tan clasista y antisocial que deja en segundo plano los aspectos positivos -que también los tiene, por supuesto- de nuestro sistema educativo. Lo equitativo, lo justo, no es tener buenos guetos, sino que los guetos no existan.
Estamos tan acostumbrados a ello que contemplamos la separación de nuestros escolares en colegios diferenciados en función del nivel socioeconómico de las familias como si formara parte del paisaje, como si fuera algo natural. ¿Qué pensaríamos de un sistema sanitario con similar estructura? ¿Qué nos parecería que hubiera centros de salud y hospitales separados para ricos y pobres, estando todos ellos pagados con dinero público? Aunque, tal y como van las cosas… mejor no dar ideas.
No discuto la complejidad ni la dificultad de darle la vuelta a un sistema escolar segregador. Pero hay condiciones básicas. Entre los sistemas educativos europeos, la media de matriculación en los centros públicos en la educación obligatoria es del 90% de la población. Los sistemas escolares igualitarios y equitativos se mueven en esos porcentajes. No es posible dar pasos adelante sin que la red pública se vaya convirtiendo en el eje central de la educación.
No sé hasta dónde pretende llegar el Consejero Bildarratz, ni en qué acabará su proyecto. Lo que sí sé es lo que ha hecho ya: blindar los conciertos de los centros privados, extenderlos o otros niveles no obligatorios, favorecerlos con medidas de planificación, mejorar sus condiciones… En resumen: dar más dinero público a los suyos. Es decir, seguir ahondado la trinchera que nos ha traído hasta aquí.
¿Se puede cambiar de rumbo? ¿Pretende Bildarratz, de verdad, que los centros privados sean gratuitos? De ser así, debería centrarse en ello.
Lo primero sería exigir luz y taquígrafos. Es difícilmente explicable que, en estos tiempos en los que Hacienda controla nuestros movimientos casi al milímetro, las cuotas de la privada sigan siendo opacas, que no sepamos al detalle cuánto cobra cada centro, en qué conceptos lo hace y a qué dedica ese dinero.
En segundo lugar, podríamos ponernos de acuerdo en marcar líneas rojas. Pongamos, por ejemplo, que 160-200 euros mensuales sea una barrera que hace a un centro inaccesible para buena parte de la población. ¿Por qué Bildarratz no empieza por retirar los conciertos a los centros que cobran mensualidades superiores a esas cifras? Si algunos desean para sus hijos colegios exclusivos… ¡que al menos lo paguen de su propio bolsillo!
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