Enseñanza privada, financiación pública y segregación

Que España es uno de los países europeos con mayor peso de la enseñanza privada es una evidencia estadística. Si en la media de los países europeos el 90% del alumnado de Primaria y Secundaria estudia en centros públicos, aquí la relación pasa a ser del 68-69% en la pública y de alrededor del 30% en la privada.

En Euskadi el porcentaje se dispara hasta un reparto de casi al 50% entre las redes. Unos datos que dejan cortos a los de Madrid (45,7% de privada) y marcan distancia con los de Navarra (34,5%), la tercera comunidad con mayor volumen de enseñanza privada. No podría entenderse esta particular situación sin tomar en consideración, junto a la tradicional relevancia de la Iglesia Católica en la sociedad vasca, la existencia de ikastolas privadas, unos centros construidos en torno a lo nacional(ista).

El gran peso de la enseñanza privada en España es herencia histórica de una lenta, tardía y endeble construcción del Estado. Hasta tiempos relativamente recientes, los poderes públicos se han desentendido de la educación de los sectores populares y dejaron en manos de la Iglesia Católica, por ideología o por debilidad, la formación de clases medias y élites.

Desde la óptica de la derecha política se defienden las redes escolares diferenciadas bajo la bandera de la libertad de enseñanza. En sus concepciones más extremas, cada familia tendría poder absoluto para decidir qué educación desea para sus hijos y al Estado solo le correspondería pagar la factura.

Sin entrar a fondo en el tema, me parece evidente que ese poder incondicional es incompatible con cualquier legislación democrática. Los hijos no son propiedad absoluta de padres y madres. Tienen sus propios derechos, y los poderes públicos están obligados a garantizárselos, incluso en contra de la voluntad de sus progenitores si es preciso. Poca discusión admiten -creo yo- el derecho a la salud, el respeto a su integridad física y mental, la prohibición de trabajar en la infancia, la fijación de edades mínimas para el matrimonio o el consentimiento sexual…

Y aunque el contenido merecería una discusión mucho más detallada, también tienen derecho a recibir una educación que los ponga al día sobre los conocimientos y la cultura acumulados por la humanidad a lo largo de su historia, que los conecte con la sociedad plural de la que serán ciudadanos y que los forme en los valores que fundamentan su convivencia.

¿La separación del alumnado en centros diferentes por motivos aparentemente religiosos contribuye a una educación de ese tipo? ¿La derecha que defiende con tanto entusiasmo los centros privados católicos lo haría igual si fueran islámicos o evangélicos? ¿Es admisible, en pleno siglo XXI, la segregación por sexos? ¿Y por criterios ideológicos? ¿Sería positiva la separación del alumnado en centros de izquierdas y de derechas? Porque también se da el fenómeno -aún muy minoritario- de sectores modernos, digamos, que están levantando sus propios colegios para que se ajusten a sus coordenadas ideológicas. O hay, incluso, padres tan posesivos -y tan imbuidos de su propia superioridad- que eligen educar a sus hijos en casa para librarlos de todo mal exterior.

La división en centros diferenciados por motivos religiosos o ideológicos está reforzando otro efecto de consecuencias devastadoras: la segregación escolar.

Ya recogí en otra entrada de este blog los resultados de un estudio de Save the Children y EsadeEcPol que, entre 64 países de todo el mundo investigados, adjudicaba a España el tercer lugar en el ranking de separación en diferentes centros de los estudiantes de Primaria en función de su renta familiar, y lo colocaba entre los países con mayor cantidad de colegios gueto.

Aunque para llegar a ese brutal nivel de segregación entran en juego otros factores, me voy a detener en el más evidente y de mayor relieve: las cuotas obligatorias que cobran la inmensa mayoría de centros privados concertados.

Desde la implantación de la LODE -hace casi cuarenta años- los centros privados que deseen acogerse a la financiación pública -casi todos- tienen prohibido por ley el cobro de cuotas por actividades educativas obligatorias.

A pesar de ello, según el último estudio de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), el 90% de los centros privados concertados las siguen cobrando. Una vulneración flagrante de la legalidad que se ha mantenido durante decenios ante la pasividad de las administraciones públicas de todos los colores.

Las cuantías de esas cuotas oscilan entre los 536 y los 26 euros mensuales por alumno, un amplísimo abanico que nos ilustra sobre la enorme estratificación que se da -también- entre los propios colegios privados. La cuota media es de 119 euros al mes, pero varía mucho por comunidades. Las más elevadas se pagan en Cataluña (191,4 euros), Euskadi (160,31) y Madrid (119,5).

Tampoco la financiación pública que reciben es homogénea en todas las comunidades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la media de España se sitúa en poco más de 2.600 euros por alumno y año, pero en Euskadi, la comunidad con mayor financiación, llega a los 4.174 euros.

Desde los centros privados se acostumbra a argumentar que las cuotas son imprescindibles, porque el dinero público que reciben es insuficiente. Esa afirmación, tomada en sentido estricto, quedaría desmentida por el mero hecho de la existencia de ese 10% de centros privados que no las cobran. Y siguen funcionando.

Ni siquiera parece haber correlación alguna entre mayor financiación pública y supresión de las cuotas o disminución de su cuantía. En Euskadi, según el estudio anteriormente citado, la totalidad de centros las cobra y son, además, las segundas más altas en la comparación entre comunidades. Y es así a pesar de contar con la mayor financiación pública. Dicho en cifras: mientras reciben una financiación un 60,5% superior a la media, también cobran unas cuotas un 40,12% mayores.

La mera existencia de cuotas excluye de esos centros privados a sectores sociales desfavorecidos o marginales. A partir de esa base, el circuito se realimenta, va creciendo en círculos superpuestos. Según vayan siendo mayores las mensualidades, más capas sociales irán dejando fuera y, -a su vez- el colegio conseguirá más medios materiales. De ese modo el sistema establece una relación directa entre cuantía de las cuotas, clases sociales y recursos del centro: a cuotas más caras, alumnado más selecto y mejores medios. Hasta llegar, en el vértice de esa pirámide discriminatoria, a colegios marcadamente elitistas sostenidos con el dinero de todos.

Un mecanismo endiablado, porque consigue el respaldo de muchas familias implicadas. Ese apoyo o complicidad de gran parte de quienes estudian en la concertada es otro factor que explica cómo han podido mantenerse las cuotas durante tantos años a pesar de ser ilegales. Numerosas familias las pagan de buen grado en busca de centros de mayor prestigio y nivel social para sus hijos. Y sin la denuncia de los afectados es complicado diferenciar una cuota obligada de una contribución o donación voluntaria.

Ahora, Jokin Bildarratz, Consejero de Educación del Gobierno Vasco, nos dice estar embarcado en la compleja tarea de elaborar una nueva ley que regule el sistema educativo vasco. Y que uno de sus pilares sería la supresión de las cuotas en los centros privados, a cambio de mejorar sustancialmente su financiación.

Uno no sabe si se llegará a aprobar esa ley o acabará durmiendo el sueño de los justos en algún cajón. El ambiente, como suele ocurrir con los temas educativos, está sobrecargado de ideología, se prescinde de los datos de la realidad, hay intereses muy enfrentados… En la educación vasca se han ido acumulando tantos problemas que ya no caben soluciones simples.

Pero me temo que haber agitado las aguas servirá de coartada a Jokin Bildarratz y al PNV para tomar ciertas medidas que no necesitan de ninguna nueva ley para aplicarse. Entre ellas, un nuevo y considerable aumento de la financiación a la privada. Lo están haciendo ya, un paso tras otro.

Los centros concertados reclaman 1.500 euros más por curso y alumno. Otros hablan de 1.600 euros. La gratuidad es el señuelo. Es un escándalo que, al hacerlo así, reconozcan abiertamente que están vulnerando la ley y nos ofrezcan cumplirla ahora si les dan más dinero.

Y aún es más grave si comprobamos, repasando la historia de los últimos cuarenta años, que los incrementos de financiación no han traído nunca la supresión de las cuotas. Lo que sí han hecho es engordar el volumen de enseñanza privada y acentuar el carácter segregador del sistema educativo.

Y, la verdad sea dicha, no se me ocurre ni una sola razón para que esta vez pudiera ser diferente.

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