Empiezo con algunos datos, por aquello de intentar acercarnos a la realidad. Están ahí, al alcance de cualquiera que se moleste en buscarlos. No hace falta ser un experto para dar con ellos. Tampoco para entenderlos.
- En 2019 la presión fiscal en España fue de un 35,2 % de su Producto Interior Bruto. Es alrededor de un 6% menor que la media de la zona euro, y un 5% inferior a la de la Unión Europea. No son solo los países nórdicos o las potencias tradicionales. Portugal (36,7%) o Serbia (38,4%), por poner ejemplos bien distintos, tienen una presión fiscal superior a la española.
- Si miramos al conjunto del planeta, la clasificación de países con más impuestos está copada por estados europeos: Francia (47,2%), Dinamarca (46,7%), Bélgica (45,2%), Suecia (43,6%), Austria (43%), Finlandia (42,1%), Alemania (41,5%), Luxemburgo y Noruega (40,2%)…
- En el extremo opuesto, la menor presión fiscal se da en países africanos como Nigeria (6,3%), Chad (7,1%), República Democrática del Congo (7,5%), República del Congo (8,5%)… Egipto tiene un 16,7%. También ocupan lugares extremos países americanos como Guatemala (12,1%); República Dominicana (13,2%) o Venezuela (14,4%). En Asia destaca Malasia, con un12,5%.
- Comparando los países con mayor y menor presión fiscal por continentes serían los siguientes:
Europa: Francia, 47,2%; Irlanda, 22,6%.
América: Brasil, 33,1%; Guatemala, 12,1%.
África: Túnez, 32,1 %: Nigeria, 6,3%.
Asia: Japón, 32,4%; Indonesia, 11,9%.
En Oceanía, Nueva Zelanda tiene el 32,7% y Australia el 28,5%.
Para quien le interese, clicando en el mapa de abajo se puede acceder a los datos de la mayoría de países, según los publicaba Expansión.
- ¿Quién paga estos impuestos? Volvamos a la realidad española. Según los datos de 2018, el IRPF supuso un 39% del total de los ingresos. El IVA, el 33%. Y el impuesto de Sociedades, un 12%. El resto tiene mucho menor peso. La suma del IRPF y el IVA es el 72% de los ingresos. Así que no hay que saber muchas matemáticas para comprobar sobre los hombros de quiénes recaen casi las tres cuartas partes de las facturas.
- Además de las cifras absolutas, es interesante ver los porcentajes que paga cada tipo de contribuyente en función de su salario o renta. Empecemos por el IRPF. Aunque hay sueldos y pensiones ridículos que están exentos, el mínimo es del 19% para salarios de hasta 12.450 euros anuales. Un sueldo medio, entre 35.200 y 60.000 euros, paga el 37%. Los más elevados, a partir de 300.000 euros al año, llegan al 47%.
Para el impuesto de sociedades el tipo general es el 25%. Pero sucede que hay toda una maraña de rebajas y exenciones fiscales. Según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo fue del 10,3% en 2016. Hay, por tanto, un enorme desfase entre lo figurado y lo real. Cristóbal Montoro -nada sospechoso de izquierdismo, pero conocido por tener la lengua muy larga- dijo en 2017 que las grandes empresas habían pagado solo un 7%.
Así que el desequilibrio es también muy marcado si nos fijamos en los porcentajes.
- Pero aún hay más. Vamos con las multinacionales, especialmente con las tecnológicas. En el caso de Amazon, por ejemplo, el pago total por impuestos apenas supone el 4,8% del negocio obtenido en España.
Google, en 2014, fuera de EEUU solo destinó alrededor del 8% de sus beneficios al pago de impuestos. En el año 2011 Google pagó 33.000 euros a la Hacienda pública española sobre unos beneficios de 38 millones, según recogía El País. Sobran comentarios.
La Comisión Europea resalta que las compañías digitales asumen un 9,5% de impuestos, frente al 23,2% de las convencionales.
Desde Bruselas se denuncia también el montaje establecido entre Irlanda, Holanda y Luxemburgo (en combinación con Islas Caimán y otros territorios) para concentrar la mayor parte de los beneficios de las multinacionales estadounidenses en Europa. El tipo fiscal que pagan oscila entre el 1% y el 3%. Aún menos comentarios.
- El impuesto de sociedades global ha estado sometido a una alocada carrera hacia abajo. Ha pasado del 40% en 1990 al 25% en 2017.
- En paralelo, se acentúa la desigualdad social. Según la ONU, más de dos tercios de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido. Oxfam calcula que siete de cada diez personas viven en un país donde la desigualdad es mayor ahora que hace treinta años. El abismo es sideral si consideramos los dos extremos: según Oxfam, la fortuna de las 85 personas más ricas del mundo equivale actualmente a la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad (unos 3.500 millones de personas).
Dejo aquí los datos. Creo que basta con lo dicho para hacerse una idea de conjunto sobre cómo están las cosas. Desde hace años, las políticas fiscales globales se han ido desequilibrando más y más. La desigualdad social, aunque se den excepciones en ciertos países, ha crecido en paralelo.
A pesar de la realidad, para algunos aún no es suficiente: todas las ramas de la derecha ideológica de este país coinciden en la promesa de seguir bajando impuestos. No sabemos hasta dónde quieren llegar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo de actualidad, ha prometido la mayor rebaja fiscal de la historia. Sin distinguir, además, entre quienes ganan más y quienes ganan menos, porque cuando bajas los impuestos se los bajas a todos. Una curiosa concepción de la igualdad.
Hacen bandera de la idea de que pagando menos impuestos irá mejor la economía y nos acabaremos beneficiaremos todos. No es, desde luego, algo que confirmen los hechos. Todos sufrimos, en mayor o menor medida, el sesgo de confirmación del que hablan los psicólogos sociales: buscamos en la realidad la reafirmación de nuestras ideas previas y si encontramos algún dato aislado que las ratifique nos quedamos solo con él. En este caso, el beneficio de pagar menos impuestos se corroboraría con los datos de los paraísos fiscales o los de Irlanda, Holanda y Luxemburgo: les ha ido bien en términos absolutos, por supuesto, pero a costa de privar de los impuestos que razonablemente les hubieran correspondido a otros países. Es lo que se conoce como dumping fiscal. Aunque sea legal en muchos casos. Además, que la riqueza obtenida por ese insolidario proceder llegue a todos tampoco tiene por qué suceder obligatoriamente: dependerá de las políticas redistributivas que se apliquen -o no- dentro de cada país.
Acompañan su propuesta de reducir impuestos de la afirmación de que mantendrán o incluso acrecentarán la calidad de los servicios públicos. Quizás se podría mejorar la eficiencia de muchos de ellos. Pudiera ser. Pero lo evidente es que sin una financiación adecuada y suficiente su deterioro es inevitable. Es contrario a la lógica más elemental prometer bajadas masivas de impuestos y pretender que con ello no se vean afectadas las pensiones, las ayudas a la dependencia, la educación, la sanidad, la investigación y hasta la defensa.
Estas promesas de reducir impuestos se producen, además, en medio de los devastadores efectos económicos de la pandemia. La pandemia, por una parte, ha subrayado la necesidad de servicios públicos potentes: sanidad, por supuesto. Pero también educación, dependencia, apoyos sociales, gestión pública, seguridad… Ha provocado, por otra parte, una demanda generalizada de ayudas del Estado: para cubrir suspensiones de empleo, parados, empresas, autónomos… Es una absoluta contradicción lógica reclamar más ayudas del Estado y recortar simultáneamente sus recursos.
Dado el choque de estas políticas con la realidad, podría pensarse que una gran mayoría de la población las rechazaría de plano para no verse perjudicada por ellas. Las promesas de pagar menos y recibir más a cambio recuerdan demasiado a la verborrea de los charlatanes de feria vendiendo productos milagro.
Pero no es así, ocurre más bien lo contrario.
Para empezar, la impresión que tienen muchos ciudadanos –era el 53% de los encuestados según el CIS de 2019, aunque haya descendido al 40,3% en el de julio del 2020– es que en España se pagan muchos impuestos. Un primer choque entre la realidad y la percepción social de la misma, al menos si nos comparamos con Europa.
Además, la promesa de reducir impuestos consigue gran aceptación social, hasta el punto de haberse convertido en banderín de enganche y fuente de votos para quienes la propugnan.
Para explicar este fenómeno se suele recurrir a considerarlo fruto del engaño: las masas abducidas por la propaganda de los poderosos, los medios de comunicación al servicio del Ibex 35… Por supuesto que quien más tiene cuenta también con instrumentos mucho más potentes para hacerse oír y está en sus manos comprar y corromper a bastantes. Pero no se sostiene considerar que la mayoría de la población actúa sistemática y prolongadamente contra sus propios intereses.
En mi opinión, si las promesas de rebajar impuestos consiguen tanto éxito entre la población es por la aplastante hegemonía ideológica que ha alcanzado el neoliberalismo.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se llegó, en lo que llamamos el Occidente, a una especie de entente social. Políticas de redistribución de la riqueza, de democracia política, de servicios públicos potentes… En resumen: lo que hemos denominado estado del bienestar. Una de sus bases fue la fiscalidad progresiva: pagaba más el que más tenía. Aparte de su capacidad recaudatoria, la progresividad fiscal cumplía también una función ejemplarizante: si los ricos pagan, y pagan más, no debería quejarme demasiado por tener que hacerlo yo. Este fundamento ha saltado por los aires en los últimos años. Ya hemos visto lo que contribuyen las empresas gigantes y eso mismo sería extensible, en buena medida, a las grandes fortunas. Ahora el paradigma es radicalmente distinto: si los ricos no pagan casi nada… ¿Por qué debería hacerlo yo? Se ha hecho añicos el discurso de la solidaridad.
Además, la disminución de recursos acaba deteriorando los servicios públicos y esto, a su vez, mina la confianza de la ciudadanía en ellos. La conclusión es que mucha gente prefiere tener el dinero en su bolsillo para utilizarlo como le venga en gana. Sálvese quien pueda. Ya no convence el discurso de la utilidad social de los impuestos.
A esto habría que añadir que la idea de lo verdadero ha ido perdiendo carne hasta quedar en los huesos. En la barahúnda social que reina hoy en día, todo se coloca al mismo nivel. La mejor táctica del mentiroso es acusar de serlo a todos los demás. Porque si todos mienten, la mentira más descarada pasa a ser una afirmación con el mismo valor que cualquier otra.
¿Cómo romper este círculo vicioso? ¿Cómo darle la vuelta?
No lo sé. No tengo respuestas.
Me da la impresión de que todo este tinglado solo podría desmontarse desde su núcleo: poniendo freno a la alocada carrera a la baja para atraer a las grandes empresas y fortunas, eliminando los paraísos fiscales… Es decir, acabando con la fiscalidad especial de que gozan los poderosos. No habrá solución mientras no se tapen esos desagües del mundo globalizado por los que se filtran a precio ridículo inmensos capitales. Y para conseguirlo sería imprescindible una regulación universal, aunque sea de mínimos, con la que se comprometa la mayoría de países. O unos cuantos con la fuerza suficiente para imponerlo en sus territorios. Haría falta el concurso de grandes actores mundiales.
En la Unión Europea llevan tiempo dándole vueltas a algunas de estas cuestiones y tratando de limitar, por lo menos, sus efectos más brutales. Pero la Unión Europea funciona en base a la unanimidad de sus miembros y algunos de ellos se benefician directamente del dumping fiscal. Un camino complicado, si no totalmente bloqueado.
Hace poco el presidente de USA, Joe Biden, ha propuesto fijar un tipo mínimo global del 15% para el impuesto de sociedades. De llevarse a la práctica supondría un giro radical en la carrera a la baja que se libra desde hace años.
Veremos en qué queda. Haberlo puesto sobre la mesa es ya un primer paso. Me gustaría pensar que va a haber fuerzas sociales que harán todo lo que esté en sus manos para intentar colocar esta cuestión en el centro del debate político. Nos jugamos mucho en ello.
Literatura abierta 
Brillante, como siempre
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