Es ingrato volver a hablar sobre ETA once años después de que causara su última víctima mortal y cuando lleva tres y medio disuelta. Ya no existe, es historia. Pero, por desgracia, su sombra sigue entre nosotros y continúa siendo utilizada de diversas maneras, a veces contradictorias, en el juego político.
La pulsión por pasar página es muy fuerte por estas tierras. Una mayoría de la población desearía olvidar, acertar a vivir como si ese pasado jamás hubiera existido. Y eso es así por dos motivos diferentes. Uno, de psicología humana: el olvido es un mecanismo de defensa contra el dolor y orillando el tema se evita el riesgo de añadir sal a las heridas. Otro, histórico: tenemos pocos motivos para enorgullecernos como sociedad de este pasado reciente y no es agradable que nos hagan volver a mirar una foto en la que salimos tan desfavorecidos.
A pesar de los pesares, me meto en el charco de abordar la memoria colectiva sobre ETA, o, dicho con mayor precisión, el de la conveniencia de que el conjunto de la sociedad vasca comparta unas mínimas bases del relato de lo sucedido.
Para no enredarnos en los términos, conviene empezar por aclarar el significado de relato compartido.
No hay ningún hecho histórico sobre el que haya un relato único, completo, acabado. Cada vez que algún testigo o historiador aborde el tema, lo hará desde su propia experiencia o mirada, intentará añadir nuevos datos y detalles, lo matizará a su manera. Ningún relato histórico está definitivamente cerrado, ni se comparte nunca en su totalidad por toda la población. Es algo tan obvio que produce sonrojo tener que recordarlo.
Pero lo que sí se llega a compartir socialmente son las líneas maestras. El juicio histórico global. La opinión genérica sobre los hechos. Un consenso social básico por encima de matices, datos controvertidos y polémicas entre historiadores.
¿Qué se entiende, entonces, por relato compartido en este caso?
Aunque estén íntimamente relacionados entre sí, voy a distinguir tres apartados: los hechos, el balance político de ETA y la valoración ética de lo sucedido.
Los hechos
Los hechos están ahí. Están bien documentados en su mayor parte, aunque, como ocurre siempre con la realidad, presenten zonas de sombra.
Las cifras de tantos años de utilización política de la violencia son aterradoras. Utilizo los datos -y el lenguaje- del Informe Foronda.
En el gráfico podemos ver la evolución de las víctimas mortales durante los 42 años transcurridos entre el primer y el último asesinato.
-Las víctimas mortales del terrorismo de ETA y afines han sido 845.
-62, las del terrorismo de extrema derecha y parapolicial.
-2.533 personas han sido indemnizadas como víctimas de atentados, pero hay un número indeterminado que no ha accedido a ellas por diversos motivos. Entre los heridos, 709 padecieron secuelas graves: gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total.
-En 2002 llegó a haber cerca de un millar de personas que necesitaban escolta.
Añado unas pinceladas, de mi cosecha, sobre algunas zonas de sombra.
-Un buen número de personas tuvo que abandonar el País Vasco por amenazas. Es prácticamente imposible cuantificar su número.
-Tampoco sabemos cuántos sufrieron tortura en comisarías y cuartelillos. Hay casos incontestables, como el de Joseba Arregi, muerto en su paso por comisaría. Otros siguen sin aclararse; el de Mikel Zabalza, por ejemplo, cuyo cadáver apareció en el Bidasoa después de que fuera detenido. El Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado ya en varias ocasiones que no se investigaron con la exigible diligencia denuncias de tortura. Por mi parte, sin negar que ha habido quienes desde las propias instituciones trataron de poner medios para evitarla, me atrevería a decir que la práctica de la tortura ha sido bastante generalizada en la lucha policial contra ETA. Y con alto nivel de impunidad.
-También sigue habiendo puntos oscuros sobre los GAL. Sus conexiones con el Ministerio del Interior han sido dadas por probadas en sentencia judicial. El exministro Barrionuevo, el ex secretario de estado Rafael Vera, el expolicía Amedo o el ex director general de seguridad, Julián San Cristóbal, fueron condenados por ello. Aunque casi todos fueran luego indultados, por cierto. No basta con que los condenados por su relación con los GAL declaren que son agua pasada. Deberían condenar explícitamente sus crímenes y contarnos todo lo que saben sobre ellos. También debería hacerlo el propio Felipe González. Por respeto a las víctimas y a la verdad.
-Entre los asesinados por ETA hay nada menos que 379 casos en los que se sigue sin conocer a los autores. Casi todos son atentados antiguos, de los años de la Transición o inmediatamente posteriores. Es fácil de entender la inquietud de familiares y amigos de las víctimas que ni siquiera pueden poner rostro a los verdugos. Por razones de edad, la mayoría de los autores seguirán seguramente entre nosotros. Callados.
Son cifras terribles, pero nos acercaría mucho más a comprender las dimensiones del dolor causado poner nombre y apellidos a cada una de ellas. Y a sus familiares, amigos, conocidos… unos círculos que alcanzan a buena parte de la sociedad.
La contabilidad del terror es desoladora. Recordarla nos vacuna contra su repetición. Y completar la verdad, en la medida de lo humanamente posible, ayudaría a desinfectar heridas.
El balance político
El relato compartido afecta también al balance político de los hechos. Se puede tirar de retórica y gritar a los cuatro vientos que no aceptamos la imposición de un relato de vencedores y vencidos. Es posible, incluso, que una posición tan aparentemente equilibrada atraiga ciertas simpatías bienintencionadas. Pero cuando, tras casi cincuenta años de violencia, una organización armada se disuelve sin negociación, sin conseguir ninguno de sus objetivos políticos, y dejando en la cárcel, para muchos años, a un montón de militantes presos… no es difícil hacer las cuentas. Cerrar la puerta a la realidad solo sirve para que se cuele por la ventana.
La valoración ética
Creo, además, que en la reivindicación de un relato compartido lo sustancial está en otro terreno.
Otegi lo explicitaba en una entrevista concedida a Radio Euskadi en noviembre de 2018:
Lo que ocurre es que hay quienes consideran que algunos han utilizado la violencia de forma legítima y otros no, y eso forma parte, otra vez, del relato y las cuestiones ideológicas.
Otegi da en el clavo, en mi opinión: la divergencia, la mayor dificultad para llegar a compartir el relato, se centra en considerar legítimo o no el uso de la violencia. Hay quienes consideran que algunos han utilizado la violencia de forma legítima y otros no, afirma Otegi con ese lenguaje críptico que no define los sujetos. Y, como no lo hace, nos obliga a especular sobre sus palabras. Porque en el caso de la violencia parapolicial y de extrema derecha, la unanimidad social en su condena es prácticamente absoluta. Y si pretende discutir la legitimidad de que el monopolio de la violencia corresponda al Estado… que lo diga. A mí cualquier otra alternativa me parece peor. Y subrayo, además, que el uso de la fuerza por las fuerzas policiales está sujeto a la ley que persigue explícitamente la práctica de la tortura, los malos tratos y cualquier tipo de extralimitación en sus funciones. Y nos queda en el tintero la violencia ejercida por ETA. Entonces… ¿Tenía ETA derecho a poner bombas, matar, extorsionar, amenazar… en nombre del pueblo vasco y sus libertades? ¿Debería compartir el grueso de la sociedad vasca el juicio sobre la injusticia de la violencia letal ejercida por ETA durante tantos años?
Estas son las preguntas esenciales. Unas preguntas que interpelan directamente a la izquierda abertzale, que, por su peso social, es la pieza que falta para poner las bases de un consenso muy amplio. Pero también la interpelan por su pasada responsabilidad como frente político de ETA. Y aquí residen buena parte de las dificultades que tienen, porque la enfrentan a su propia historia.
¿Tenía ETA derecho a matar a 490 militares y policías de todo tipo porque les había declarado unilateralmente la guerra? ¿Y a 30 presuntos narcotraficantes porque estaban envenenando a la juventud vasca con la droga? ¿Y a 30 cargos políticos democráticos o a 2 escritores críticos con ETA por ser enemigos del pueblo vasco? ¿Y a 10 empresarios por negarse a pagar el impuesto revolucionario? ¿Y a 5 ex-miembros de ETA por traidores? ¿Y a…? ¿Fue justa tanta violencia? ¿Estuvo bien?
Ejecuciones planificadas con frialdad, sin juicio ni posibilidad alguna de defensa. Y eso frente a un régimen democrático que, desde la Transición, había prohibido la pena de muerte en su Constitución y amparaba la libre asociación, las libertades esenciales y el juego electoral.
Maddalen Iriarte, portavoz de Bildu, volvía a recordarnos la línea oficial de la coalición en una entrevista en El Correo, el 23 de enero de 2021.
– ¿Reconocerán Bildu y la izquierda abertzale el carácter injusto de los daños causados por ETA?
– Los términos justo o injusto… Aquí cada uno tendrá su relato que hacer.
Aquí cada uno tendrá su relato que hacer, repite, un argumento muy similar al empleado por Otegi. Una fórmula evasiva, que no entra en el fondo de la cuestión. Hay diferentes relatos, nos dice, cada cual tendrá el suyo. Como si fuera posible hacer encajar cualquier relato en la realidad, como si todos ellos tuvieran el mismo valor ético. Y, pronunciándose así, vuelve a ocultarnos lo esencial: explicarnos cuál es el relato que ella defiende. El suyo personal y el de las organizaciones a las que representa. Silencio.
Se sienten tan sumamente incómodos que tratan de dar carpetazo al tema, de pasar de puntillas sobre él. Siempre es difícil liberarse de las mochilas del pasado, todavía más cuando vienen cargadas de tanta muerte y sufrimiento. Pero mientras no lo hagan, les seguirán pesando en cualquier circunstancia y de mil maneras distintas.
Es una actitud esquiva, totalmente a la defensiva. Al menos en la esfera pública, el lastre de la historia de ETA les molesta y estorba. Y eso, sin duda alguna, es otro indicador más de que están perdiendo la batalla del relato.
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