Chile ocupa un lugar destacado en las concepciones y emociones de varias generaciones de izquierdas a lo largo y ancho del mundo.
Hasta bien avanzado el siglo XX, su estabilidad institucional -tan llamativa en la convulsa Latinoamérica- llevó a que fuera bautizada como la Suiza de América.
Pero llegó el terremoto: la victoria electoral de Salvador Allende en 1970, el golpe militar de Pinochet -con el probado apoyo de la CIA- en el 73, la muerte de Allende defendiendo metralleta en mano el Palacio de La Moneda, la brutal represión desatada por los militares, la resistencia clandestina, el exilio de miles de chilenos, las drásticas recetas económicas neoliberales aplicadas por la dictadura… Experiencias dramáticas que sufrió el pueblo chileno y que marcaron la educación sentimental e ideológica de amplios sectores de las izquierdas en otros países. Mirando desde aquí, hasta veíamos paralelismos con la experiencia de la Segunda República española.
En la actualidad, el proyecto de redactar desde abajo una nueva constitución chilena vino impulsado por un profundo malestar social y se apoyó en potentes movilizaciones. Presentaba ciertos aspectos novedosos, servía de escaparate de las concepciones políticas y los sueños de determinadas corrientes de la izquierda. Normal que fuera seguido con interés desde muchos rincones del mundo.
Acabada -no sin tensiones ni sobresaltos- la redacción del texto, más de 13 millones de ciudadanos chilenos acudieron a las urnas el pasado 4 de septiembre para decidir sobre la aprobación de la nueva constitución. Un 61,86% de los votos rechazó la propuesta frente a un 38,14% a favor. Resultados concluyentes, una derrota sin paliativos.
No pretendo hacer un balance de los porqués de lo ocurrido. Es una tarea que me sobrepasa. Otros lo harán. El propio Gabriel Boric dice haber tomado nota y estar dispuesto a corregir el rumbo.
Escribo desde lejos. La distancia supone siempre un cierto nivel de desconocimiento, perderse detalles y matices. Pero las encrucijadas ideológicas que atraviesa la izquierda son similares en todo el mundo y eso sí que eso nos pilla de cerca. El artículo trata de algunas de esas cuestiones, de ciertos aspectos puestos de manifiesto en la dinámica chilena y que -en mi opinión, por supuesto- resultan francamente discutibles.
Para empezar, habría que desechar la tentación de achacar el fracaso exclusivamente a la maldad del enemigo: la campaña de desinformación y de mentiras, el pinochetismo que sigue vivo, etc., etc. No digo que no haya habido manipulaciones. Las exageraciones, simplificaciones, distorsiones, excesos, engaños o insultos forman parte de cualquier campaña política. Más aún hoy en día, con el papel que juegan las redes sociales. Pero las corrientes que han defendido el no en la consulta -o el sí, pero…- son diversas. Merecería la pena prestar atención a determinados argumentos y no descartarlos en bloque como propaganda del enemigo.
Por mi parte, y entrando en harina, lo primero que no me convence es cierta contraposición, vivida a lo largo del proceso, entre la buena gente y las élites perversas. Dejar de lado a las corruptas élites políticas para que la constitución sea redactada por el pueblo llano y sano. Como si el simple hecho de participar en política supusiera una maldición que inyectara a quienes lo hacen unas determinadas taras ideológicas. Como si el saber ocupara lugar y lo restase de la solidaridad. Conocemos de sobra movimientos que han surfeado olas similares y sabemos la rápida transformación que han sufrido en cuanto han pisado las instituciones. Y no porque sean unos traidores o se hayan vendido de repente al sistema: lo fundamental de esos cambios -me parece a mí- es producto del choque con la realidad y su complejidad, fruto del salto desde la divinizada utopía a las limitaciones de lo humano. Porque lo que es de una ingenuidad sin límites es creer que basta que gobiernen los nuestros para llevarnos a todos al paraíso.
Por colocar este punto en un contexto general, no comparto las ideas de las corrientes que defienden la teoría de los significantes vacíos, de esos términos polisémicos capaces de tocar corazones y mover voluntades y que podríamos luego llenar con cualquier contenido. Y debería alertarnos el que similares posturas anti elitistas (contra intelectuales, artistas, científicos, profesores… -la dictadura progre, lo llaman-) formen parte del discurso de la derecha más virulenta. Cuidado.
Otro punto que me chirría tiene que ver con el propio concepto de constitución. La constitución es la norma suprema de un estado, la que recoge los valores y principios en los que se basa la convivencia entre sus ciudadanos y las normas que la regulan. Necesita, por tanto, apoyarse en amplios acuerdos y dar por bueno que, sin violentarla, se puedan desarrollar a partir de ella políticas diferentes. La Constitución no debe confundirse con un programa de gobierno. El 38,14% de los votos puede ser un magnífico resultado para una corriente política, pero resulta totalmente insuficiente para aprobar una constitución.
En el proceso de redacción de la nueva constitución tomó cuerpo la concepción de la pluralidad social como la suma de identidades diversas. Como si bastara con que diferentes identidades (de género, sexuales, sociales, étnicas…) tomaran parte en la dinámica para que quedara representada la sociedad en su conjunto.
Las identidades se construyen a partir de gentes que comparten determinadas características y por eso mismo tienen ciertos intereses comunes. Pero cada persona concreta posee múltiples identidades. Sus ideas, sus aspiraciones, su forma de vida… responden a factores complejos y diversos. La pertenencia a un determinado grupo identitario no determina el pensamiento ni la totalidad de intereses de cada cual. Para responder adecuadamente a la pluralidad social -más allá de identidades- hay que saber recoger las distintas corrientes ideológicas que se dan en la sociedad y aprender a gestionarlas democráticamente.
Excede, con mucho, las pretensiones de este artículo el análisis de las llamadas políticas identitarias, esos enfoques que traen a primer plano los aspectos más relevantes de la identidad racial, religiosa, étnica, nacional, sexual, cultural, generacional… de cada persona y priorizan la alianza política con otros miembros de su grupo.
Ni siquiera pongo en cuestión que puedan promulgarse leyes que incluyan medidas de discriminación positiva o cuotas que deban cubrirse obligatoriamente con gentes de determinadas identidades. Cada una de esas normas habría que valorarla en concreto atendiendo a sus propias circunstancias.
Pero cuando las identidades pasan a ser el cimiento sobre el que se articula la representación política, cuando las convertimos en elemento constituyente de la sociedad, podríamos estar caminando hacia una democracia que se podría calificar de estamental, hacia la consolidación de grupos estancos en los que cada persona solo discute, se relaciona y/o compite con los miembros de su colectivo. Y ello quizás contribuiría a aumentar la fragmentación social, a separar identidades y encastillarlas. Podría, incluso, encender la mecha de una guerra interminable para que otras identidades sea también reconocidas y se les asignen sus correspondientes cuotas.
A mí me parece mucho más deseable la meta de alcanzar la igualdad real entre todos los seres humanos de tal forma que cualquier diferencia de raza, sexo, religión o cultura pase a ser absolutamente irrelevante de cara al papel social que cada uno desempeña.
Para terminar estas pinceladas, no quiero pasar por alto el complejo tema del reconocimiento de las naciones indígenas. Ha sido, al parecer, uno de los puntos que ha generado mayor controversia y en el que se ha basado una parte del rechazo a la propuesta de nueva constitución.
El proyecto de constitución definía a Chile como un Estado plurinacional. A cada etnia indígena preexistente la consideraba nación. Enumeraba hasta once naciones indígenas a las que se podrían sumar otras con posterioridad. Reservaba cuotas para las naciones indígenas en todos los órganos electos. Lo que suscitó mayor polémica fue la regulación de un sistema de justicia indígena paralelo, en los casos que no afecten a los derechos fundamentales o los tratados internacionales firmados por Chile, matizaban.
La propuesta, según alguna encuesta, ni siquiera suscitó el entusiasmo de los propios implicados. Parecen bastante representativas las declaraciones de Jaime Huenchiñur, líder de una asociación empresarial mapuche: Nos están vendiendo un auto sin motor. ¿De qué nos sirve tener escaños reservados si muchos mapuche no tienen cómo comer?
El dato llamativo es que en las regiones con mayor presencia indígena, entre la frialdad de unos y los recelos de otros, el rechazo a la propuesta ascendió hasta el 70%.
Pocos términos del lenguaje político y del derecho tocan fibras tan sensibles de muchas gentes como el de nación. Más aún cuando se asocia al derecho a la libre determinación. Nación puede significar cosas diferentes y su uso aplicado a ciertas realidades es fuente de interminables polémicas en todo el mundo. ¿Acaso no se puede considerar a Chile como una nación? Dar con soluciones que satisfagan a las partes, se acerca, muchas veces, a lograr la cuadratura del círculo.
La polémica sobre si los tribunales indígenas supondrían o no romper con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley ha sido ruidosa. Cuando no existen las disposiciones que los concreten, desarrollen y marquen sus límites, sin conocer la letra pequeña, no deja de ser una discusión de brocha gorda. Son debates, además, en los que habría que hilar muy fino y poseer unos conocimientos jurídicos de los que carezco.
En cualquier caso, lo que me gustaría subrayar es que la igualdad de los ciudadanos ante la ley no es una conquista menor. Vino a limitar privilegios y eliminar discriminaciones. Es un elemento básico del estado de derecho. Por eso es importante no solo garantizarlo, sino ponerlo por escrito con fórmulas que no dejen resquicio alguno a la duda. Quebrarlo en nombre de la diversidad étnica, cultural o religiosa abriría la puerta a dinámicas muy peligrosas.
Ojalá que el Gobierno de Gabriel Boric sepa reconducir la situación. Ojalá que la ciudadanía chilena acierte con el camino. Luchar contra la desigualdad social y poner las bases de un nuevo Chile son tareas nada sencillas. ¡Que la suerte os acompañe!
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